En este documento se presenta uno de los seis análisis realizados sobre los retos que plantea la coordinación intersectorial. Los análisis forman parte del proyecto de investigación STEER y se han publicado en distintos informes. La Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea (UE) exige a los Estados miembros que garanticen el buen estado de todas las masas de aguas para el año 2027. Los países mediterráneos, como España, se enfrentan a problemas graves asociados a la cantidad de agua, razón por la cual uno de los retos principales para lograr el buen estado del agua es mantener los caudales ecológicos y reducir la sobreextracción de aguas subterráneas. Las autoridades competentes deben mediar entre los conflictos de interés de los distintos sectores que utilizan el agua, tales como el riego, el abastecimiento urbano y el uso turístico y la conservación del medio ambiente. Pese a las reiteradas peticiones de la comunidad académica y a los compromisos de la clase política de mejorar la coordinación entre los distintos sectores y escalas para abordar este tipo de negociaciones, sigue faltando coordinación. Este documento analiza los retos de coordinación y ejecución entre la demanda y el uso del agua para fines agrarios y demás usos del agua, en aplicación de la DMA en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, en el sur de España. Se han identificado los siguientes retos: (I) falta de revisión de las concesiones tras la puesta en marcha del riego por goteo, (ii) debilidades del sistema de control del uso del agua y cierre de pozos ilegales, y (iii) escaso intercambio intersectorial durante los procesos participativos. Estos retos están entrelazados por la dificultad subyacente de imponer decisiones impopulares contra los intereses de actores poderosos del sector agrícola. Para superarlos, se sugieren diversos instrumentos de coordinación basados en incentivos, cooperación voluntaria, persuasión e intercambio de información. En concreto, recomendamos las siguientes medidas: * Aumentar los recursos humanos y económicos para revisar las concesiones otorgadas, controlar el uso del agua y el cierre de pozos ilegales. * Facilitar procesos cooperativos para alcanzar un consenso multisectorial que permita establecer cómo y dónde se reducirán los derechos concesionales. * Ofrecer incentivos a las comunidades de regantes para promover el autocontrol del consumo de aguas subterráneas entre sus miembros. * Reforzar el intercambio entre las partes interesadas de los distintos sectores mediante procesos participativos, especialmente entre los grupos de interés de los sectores de la agricultura y el medio ambiente, y mejorar la comunicación con la ciudadanía. * Utilizar medios de información más inclusivos e integrales en el contexto de la planificación hidrológica. Sin embargo, dado que los retos señalados son sistémicos y afectan a cuestiones distributivas fundamentales, el potencial de los instrumentos de coordinación puede verse limitado. Por tanto, también es necesario que haya una señal clara de la existencia de voluntad política.
