La obra analiza los elementos del Derecho Civil que se puedan incorporar en el Derecho Penal, no obstante haber dejado de ser novedoso este esquema, en atención a la naturaleza misma del Derecho Penal, que busca siempre una condena del sindicado, sin que puntos tan relevantes como indemnización y restablecimiento de los derechos sean tenidos en cuenta por los sujetos procesales, lo que indica que la víctima es sólo un objeto de prueba para determinar la responsabilidad del procesado. Contrario a lo que pudiera pensarse, la Ley 600 de 2000 no ha sido derogada. Basta considerar que el procedimiento allí previsto lo aplica la Corte Suprema de Justicia en algunos asuntos propios de su competencia. Por ello, esta obra intenta un estudio del ejercicio de la acción civil en el proceso penal reglado por la Ley 600, temática que si bien es cierto tiene relación con la misma fuente de la obligación de reparar (el daño) en la Ley 906, presenta evidentes diferencias en una y otra normatividad.
