Introducción y resumen. El sistema político colombiano, a pesar de la reforma constitucional de 1991, está fallando en su intento de proveer un nivel adecuado de bienestar público en la dimensión crucial de la ley y el orden. La violencia rural y urbana, la guerra civil y la expansión de la producción de cocaína se han incre-mentado al punto que la seguridad y la violencia se han convertido en una preocupación prioritaria para los ciudadanos colombianos. Los presidentes elegidos después del período del Frente Nacional han tratado de introducir reformas y han intentado atacar frontalmente los principales problemas de Colombia. Como quiera que sea, el mayor obstáculo a las reformas en Colombia ha sido la fragmentación en el Congreso. Los congresistas tienen poco interés o incentivos para ocuparse de los problemas centrales de la nación. Por el contrario, en general prefieren bloquear las propuestas de reforma que aseguran el porvenir del bienestar público cuando dichas propuestas entran en conflicto con sus intereses y sus redes locales clientelistas. Esta fuerte tendencia clientelista está relacionada con la debilidad del sistema de partido y del sistema electoral. Los partidos no tienen mayor control sobre sus avales y no tienen los medios para disciplinar a sus miembros. Por consiguiente, pueden aparecer listas distintas bajo el mismo partido y puede haber una intensa competencia intrapartidaria en la que cada lista busca satisfacer determinados intereses locales. Esta fragmentación electoral es alentada por el sistema electoral, que se basa en la imposibilidad de combinar nombres de diversas listas y en el principio de la mayor cantidad de votos residuales -Sistema Hare-. La mayoría de las curules en el Congreso co-lombiano se ganan por los residuos más grandes y no por cuotas. Estos problemas comenzaron a ser atendidos a partir del cambio constitucional decidido en la Asamblea Constituyente de 1991. Muchas de aquellas reformas apuntaban en la dirección correcta pero no iban lo suficientemente lejos. El elemento más importante de la reforma de 1991 fue la elección del Senado en una circunscripción nacional con 100 curules. En principio, esto debería darle a los candidatos la oportunidad de tratar de presentar plataformas que encontraran eco en un electorado más amplio al abogar más por los temas nacionales. No obstante, para avanzar decididamente en esa dirección no es suficiente instituir una sola circunscripción nacional. Ello no pone freno a las tradi-cionales facciones partidistas. En efecto, todavía es posible que un líder de una facción local busque satisfacer intereses locales y resulte elegido. Tampoco se pone freno a la fragmentación de las listas, ya que sigue en pie el sistema de la mayor cantidad de votos residuales y no se establecieron topes mínimos. Nótese que el hecho de que haya pocos votantes y el clientelismo se refuerzan mutuamente, ya que las relaciones cliente-patrocinador son más efectivas y menos costosas mientras más reducido sea el grupo de votantes cuyos intereses específicos deben satisfacerse para asegurar la elección. No podrá encontrarse una solución democrática durable al problema de los grupos minoritarios en el Congreso a menos que se introduzcan unas reglas que persigan los tres objetivos siguientes: Ofrecer incentivos para la cohesión de partido, cohesión en la toma de decisiones legislativas, e incentivos para que se aprueben las medidas tendientes a asegurar el bienestar público. Acrecentar la participación política popular. Asegurarle a las reformas un apoyo político suficiente con el fin de que sean políticamente viables. Nuestra propuesta de reforma para el sistema electoral, la que a nuestro modo de ver combina mejor estos objetivos varios, es la de asignar curules en la Cámara de Representantes a los candidatos locales que cumplan con el cuociente. Los restantes votos residuales se deben agrupar en una circuns-cripción nacional y mediante listas nacionales de partido. El orden de la lista debe ser controlado por los partidos nacionales. La asignación de curules en esta circunscripción nacional se puede hacer por el método Hare, de residuos más grandes. Sin embargo, se debe aplicar un umbral entre el 1% y 1,5% del total de los votos residuales, que en principio es suficiente para eliminar la mayor parte de la fragmentación de partidos. Con el objeto de fomentar la cohesión legislativa, la reforma electoral debe combinarse con la re-forma del Congreso mismo: más poder legislativo para el Congreso en relación al Presidente; organiz-ación del Congreso en "bancadas" con directivos que tengan poder para asignar miembros de sus grupos a puestos en las comisiones; y posiblemente hasta un voto de confianza del Congreso para los pre-sidentes de las comisiones. Otras reformas que recomendamos son: Revisión de la ley de formación de partido para hacer más fácil la entrada y para darle a los partidos derechos sobre los avales que expiden. Reforma de la financiación de las campañas con topes para el gasto y financiación pública de las campañas. Abolición del voto secreto en el Congreso. Prolongación del período de gobierno de los alcaldes y gobernadores a más de un mandato y extención del mismo a 4 años. Registro automático de los votantes. Una definición más clara de los roles específicos de la Cámara y el Senado.
