ResumenEste artículo examina el impacto sobre la pobreza y el costo fiscal de una pensión mínima universalpara la población anciana en Latinoamerica usando datos de encuesta de hogares en 18 países. La asistencia a la pobreza de la población anciana necesita de una aproximación diferente a la de otros grupos de edad y la pensión mínima puede ser una opción alternativa viable. En primer lugar se mide la tasa de pobreza en la población de ancianos. En segundo lugar se discute el diseño de un esquema de pensión mínima, con y sin eligibilidad de la asistencia, asi como el efecto desincentivo que se espera sobre el comportamiento social y económico de las familias, incluyendo la oferta laboral ahorros y solidaridad familiar. Tercero, se utilizan las encuestas de hogares para simular el costo fiscal y el impacto sobre las tasas de probreza de un esquema de pensión mínima en los 18 países. El artículo muestra que una pensión mínima universal reduciría ampliamente la pobreza en la población anciana, excepto en Argentina, Brazil, Chile y Uruguay, en donde la pensión mínima ya existe y las tasas de pobreza son bajas. Este tipo de esquemas generan varios comentarios en relación con los incentivos, los efectos de dispersión y simplicidad adminsitrativa, pero tienen altos costos fiscales. Los costos fiscales son función de la edad en la cual los beneficios son asignados, la alta longevidad, la generosidad de los beneficios, la eficacia del mecanismo de eligibilidad y la capacidad fiscal del país.Abstract:This paper examines the impact on old age poverty and the fiscal cost of universal minimum oldage pensions in Latin America using recent household survey data for 18 countries. Alleviatingold age poverty requires different approach from other age groups and a minimum pension is likely to be the only alternative available. First we measure old age poverty rates for all countries. Second we discuss the design of minimum pensions schemes, means-tested or not, as well as the disincentive effects that they are expected to have on the economic and social behavior of households including labor supply, saving and family solidarity. Third we use the household surveys to simulate the fiscal cost and the impact on poverty rates of alternative minimum pension schemes in the 18 countries. We show that a universal minimum pension would substantially reduce poverty among the elderly except in Argentina, Brazil, Chile and Uruguay where minimum pension systems already exist and poverty rates are low. Such schemes have much to be commended in terms of incentives, spillover effects and administrative simplicity but have a high fiscal cost. The latter is a function of the age at which benefits are awarded, the prevailing longevity, the generosity of benefits, the efficacy of means testing, and naturally the fiscal capacity of the country.
